Durante los primeros años de la década de 1990, bajo el argumento de lograr una apertura económica que modernizara la economía colombiana, que hiciera más competitivo y eficiente al sistema productivo, el gobierno de César Gaviria llevó a cabo una serie de reformas fundamentadas en los principios del neoliberalismo. Estas dejaron como saldo un cambio en la orientación del Estado y en la distribución de la riqueza producida socialmente, aumentando la desigualdad; esto último gracias a la reforma laboral en 1990 y la reforma a la salud y a la seguridad social en 1993. En el gobierno de Álvaro Uribe se dio continuidad a estas políticas neoliberales —con la reforma laboral (ley 789 de 2002), por ejemplo, se profundizó en el proceso de flexibilización del mercado de trabajo— ahora en el marco de las relaciones establecidas con el FMI.

Así, si nos enfocamos sólo en lo laboral, tenemos como resultado del proceso anterior una reducción de los costos laborales —por concepto de pago de horas extras, recargos nocturnos, aportes a la seguridad social e indemnizaciones, etc.— y una facilitación de los despidos, situación que se vendió como un incentivo a la inversión extranjera y como una forma (que se ha demostrado fallida) de crear empleo. Para el trabajador esto se tradujo en una situación de incertidumbre —marcada por un contexto de desempleo estructural—, de precarización laboral, de trabajos mal pagos, provisionales y temporales, en una reducción significativa de su capacidad adquisitiva; una asunción individual de la brutalidad de la competición, la inseguridad y el riesgo, que cobra formas como la vergüenza o la culpa por su “fracaso”.

En este Pensar lo humano que le dedicamos al tema «Trabajo flexible, autonomía contrariada» los invitamos a reflexionar y criticar esta situación, a pensar en sus causas y sus consecuencias, en términos económicos, pero también subjetivos.

Santiago Piedrahíta (miembro del CEEZ)